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La corrupción imbatible

Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos
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Observando

Patricia Alvarado

“La corrupción atenta e inhibe los procesos de paz, el estado de derecho, la seguridad y la
estabilidad de las sociedades”

Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos

La corrupción imbatible

Guadalajara, Jalisco. Desde el año 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día Internacional Contra la Corrupción con la finalidad de crear conciencia sobre los efectos negativos que tiene para el desarrollo de los países.

El síndrome de la corrupción abarca todos los sectores de la sociedad, hablar de corrupción es hablar en plural de un mal endémico de la población quizá de cualquier parte del mundo, y a pesar de que desde el gobierno actual presume que la corrupción va en descenso lo real es que México se encuentra en el lugar 124 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional.

La corrupción es un quiste incrustado en lo social, lo económico y político, afecta a todas las personas y países, un quiste que enferma a las instituciones al manipular datos y procesos como el de la democracia, al encapsular en la corrupción trámites burocráticos con la tradicional “mochada” para acelerar los mismos, es de bien sabido pedir “dádiva” por autorizar permisos a empresas nacionales o extranjeras tenemos por ejemplo la “casa gris” en lo macro y en lo micro pedir para las “cocas” en las carreteras de nuestro país, en las compras públicas sin licitación y que son otorgadas sin procesos y de forma directa, y así se podría enumerar infinidad de ejemplos que no se acabaría el tema.

La corrupción se podría definir como el abuso de poder y de posición organizacional en beneficio propio de manera ilegítima, y afecta a organizaciones tanto públicas como privadas.

En el Código Penal Federal (CPF) se contempla delitos por hechos de corrupción como el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el cohecho a servidores públicos extranjeros, el peculado, el enriquecimiento ilícito.

Tenemos un panorama nacional donde la corrupción a pesar de que es tipificada como delito esta prolifera por los altos índices de impunidad en el país, esencialmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción carece de autonomía, por otra parte la Secretaría de la Función Pública tiene entre sus actividades parar, inhibir y sancionar prácticas corruptas, promover la cultura de la legalidad, rendición de cuentas, y la fiscalización de la gestión pública; y sin embargo se observa que la corrupción sigue proliferando tanto en las altas esferas, como en las bajas esferas del poder.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) esta enfocado en una de las áreas más vulnerables a la corrupción: las compras públicas. Es así, que desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), un análisis que monitorea de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas demás de 260 instituciones de la administración Pública Federal (APF) a través de 27 indicadores de competencia, Transparencia y cumplimiento de la ley.

Uno de los focos que últimamente están en rojo son las compras públicas, el IMCO comparte los riesgos de corrupción en las compras públicas federales 2021 y según indicadores de Competencia “el 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, un proceso que limita la competencia. El 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas).

Las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89%del monto contratado se adjudicó directamente”. En Transparencia “una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos.

El 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.” Y en cuanto al Cumplimiento de la Ley “las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma”.

La corrupción es negativa desde todos los ángulos que se le vea, es proclive a generar conflictos e inestabilidad social; pone en riesgo el desarrollo social y económico, así como a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho argumenta la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y acabar esta plaga es un reto que el mundo entero enfrenta.

La prevención de la corrupción requiere de todos los esfuerzos de amplio espectro para el fortalecimiento de las instituciones y así estar en correlación de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma contundente.

Trabajar contra la corrupción es un derecho de todas las personas e instituciones, implicándose e involucrándose sería un primer paso adelante para detener este flagelo corrosivo social, y por supuesto perfeccionar los mecanismos actuales para garantizar que este delito no siga proliferando a lo largo y ancho de México y el mundo.

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