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Estado de Derecho

Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos
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OBSERVANDO

Patricia Alvarado

“El Estado de Derecho es el sustento para construir comunidades de igualdad,
oportunidades y paz, y es la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que
rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. El Estado de Derecho
ayuda a combatir la pobreza y protege a las personas de las injusticias”.

WPJ
Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos

Estado de Derecho

Guadalajara, Jalisco. El Estado de Derecho nos lo define la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como: “Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, (…). Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”, es por ello su imperatividad para garantizar la paz, justicia, el respeto a los derechos humanos la democracia, la ley y la legalidad.

El Estado de Derecho como principio rector es vinculatorio entre autoridades y ciudadanía mediante la garantía y protección de los derechos humanos, obligaciones y límites para que las personas puedan convivir en armonía y paz, teniendo mejores oportunidades, poder de decisión en sus comunidades para disfrutar una vida plena y un
patrimonio con seguridad, el estado de Derecho es uno de los pilares de las sociedades para impulsar la igualdad, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

Según el profesor Luis Villar Borda, los elementos del Estado de Derecho son Constitución escrita, separación de poderes, principio de legalidad, principio de garantía a los derechos humanos, seguridad jurídica y protección de la confianza.

La World Justice Project (WJP) con datos de medición nos dice que “el Estado de Derecho es una precondición para el desarrollo en México. Sin políticas públicas orientadas a su fortalecimiento, será más difícil que logremos vivir en comunidades de igualdad, oportunidades y paz en el futuro”.

En el resumen ejecutivo del WJP el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 cuarta edición de la medición más completa sobre de la adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país, ofrece nuevos datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad,
cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

En el rango del debilitamiento de los contrapesos institucionales y cierre del espacio cívico. Los resultados de esta edición muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales. Límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas) y permaneció sin cambios en 9 (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala).

Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal con caídas en 23 y 22 estados, respectivamente). La segunda es la contracción del espacio cívico, el cual se manifiesta mediante caídas en 15 estados en los puntajes que miden la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.

Por otra parte, con respecto al deterioro de los sistemas de justicia, esta edición muestra también un deterioro en el desempeño de los sistemas de justicia. En el área penal, la Justicia Penal cayó en 14 estados del país (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), permanecieron sin cambios en 10 (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), y subieron en 8 (Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz).

Estas cifras son semejantes a las cifras del año pasado, en el cual 16 entidades retrocedieron. De las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior. Los indicadores en los que más estados cayeron fueron (a) la garantía a los derechos de las víctimas, que bajó en 21 estados), (b) adhesión al debido proceso, que cayó en 19 estados); y (c) la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, que cayó en 18 estados.

Y con respecto al estancamiento en la lucha contra la corrupción al igual que en años anteriores, esta edición del Índice muestra una falta de avances en la ausencia de corrupción, la cual cayó en 16 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Lis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y se mantuvo sin cambios en 11 (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala).

Los indicadores con más caídas fueron la ausencia de corrupción en el poder judicial con caídas en 21 estados, el que mide la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, que bajó en 17 estados y la ausencia de corrupción entre las autoridades del poder ejecutivo estatal que bajo en 17 estados y se mantuvo sin cambios en 6.

Y finalmente Seguridad, que según los datos del Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022 muestran que, a pesar de que el país todavía enfrenta una grave crisis de seguridad, ha habido ligeros avances. Los puntajes subieron en 19 estados (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y la sensación de seguridad de las personas subió en 24 entidades federativas.

Con todas las consideraciones anteriores, mediciones e índices en un país convulsionado por las distintas violencias, cabe la pregunta – ¿Es pertinente la percepción de que en el país se adolece de Estado de Derecho? -, las personas observan que el Estado de Derecho va en caída libre por la impunidad y corrupción existente en él, la
violación a los derechos humanos, y la injusticia.

La mirada de la ciudadanía esta puesta en el desmantelamiento de instituciones como la de la salud, la seguridad, encima la falta de rendición de cuentas del Estado, el deterioro del medio ambiente, los desaparecidos, los feminicidios, las violencias contra las mujeres y niñas, las constantes tomas de carreteras con vehículos incendiados, los grupos criminales paseándose por las calles del país con armas al descubierto, la militarización y autoritarismo.

México se encuentra lacerado y es necesario sanarlo en todos los ámbitos, principalmente en la impartición de justicia con el debido cumplimiento de la ley, garantía y protección a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución.

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