Observando
Cultura de Paz | Desaparición de personas: la verdad que duele
Guadalajara, Jalisco. En un país donde la ausencia se ha vuelto cotidiana, la reciente recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) no debería sorprendernos, pero sí estremecernos. México ha sido colocado bajo el escrutinio internacional más alto al solicitarse que su situación sea considerada por la Asamblea General de la ONU, una medida extraordinaria que refleja la gravedad de la crisis de personas desaparecidas.
No se trata de una sanción ni de un acto de injerencia extranjera, como algunos discursos han pretendido señalar. Es, más bien, un llamado urgente a reconocer una realidad que las familias y madres buscadoras han denunciado durante años: la desaparición de personas en México no es un fenómeno aislado, sino una tragedia estructural marcada por la impunidad y corrupción en muchos casos, por la participación de agentes del Estado.
Las recomendaciones del CED son claras y contundentes. Exigen fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, el derecho a ser buscado (a), atender la profunda crisis forense que mantiene a miles de cuerpos sin identificar, garantizar investigaciones eficaces y sancionar a los responsables. Pero, sobre todo, colocan en el centro a las víctimas y a sus familias, reconociendo su derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y no repetición.
Hablar de desapariciones forzadas es hablar de una herida abierta en el tejido social.
Cada persona ausente representa una historia interrumpida y una familia condenada a vivir entre la esperanza y la incertidumbre. Las madres buscadoras, convertidas en investigadoras, peritas y defensoras de derechos humanos, han hecho el trabajo que muchas veces el Estado ha sido incapaz de realizar. Su lucha es, en esencia, una búsqueda de dignidad.
Desde la perspectiva de la cultura de paz, reconocer la verdad es el primer paso para la reconstrucción social del país. No puede haber paz sin memoria, ni justicia sin verdad. Negar la magnitud del problema o minimizar las recomendaciones internacionales solo profundiza la desconfianza ciudadana y perpetúa la impunidad y la corrupción.
La decisión del CED de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas coloca a México en un momento crucial. Más que un señalamiento o denostación, representa una oportunidad para asumir con responsabilidad el compromiso de garantizar que ninguna persona vuelva a desaparecer y que quienes hoy faltan sean buscados (as) con
la urgencia que su dignidad exige.
El mundo nos está observando, pero, más importante aún, nos observan las miles de familias que siguen esperando respuestas. Atender este llamado no es solo una obligación internacional; es un imperativo ético y humano.
Porque en México, la paz no será posible mientras haya una sola persona desaparecida y una familia viviendo en la incertidumbre de no saber dónde está.
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