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Desconexión institucional #25N

Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos
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Observando

“Cuando la política se encierra en su propia burbuja, la igualdad y la justicia quedan
fuera”
Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos
Desconexión institucional #25N

Guadalajara, Jalisco.— Lo ocurrido ayer, en el marco del 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas—, tras quedar sin quórum la presentación de la Glosa de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, no fue un simple momento incómodo.

Fue la evidencia de algo más grave: la indiferencia política ante una de las crisis más urgentes en el estado de Jalisco.

Mientras las cifras de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes continúan en niveles alarmantes, la ausencia y el desinterés de los diputados en un acto oficial revelan la profundidad del problema. La agenda de igualdad sigue siendo ignorada, a pesar de los discursos y de las obligaciones institucionales.

Los datos oficiales más recientes lo confirman:

La tasa de feminicidios en Jalisco, al corte del 31 de octubre de 2025, es de 0.71 por ciento víctimas por cada 100 000 mujeres, según el MIDE Jalisco.

En 2024, Jalisco registró 28 feminicidios, luego de que las cifras preliminares (33 casos) fueran ajustadas tras reclasificaciones del SESNSP.

La violencia hacia mujeres en general se mantiene en niveles muy altos: 549 mujeres víctimas de algún delito en diciembre de 2024 (IIEG / SESNSP).


Estos números ilustran una realidad cruda: la violencia persiste, aumenta y se transforma, pero la respuesta institucional parece cada vez más distante.

Lo sucedido en el Congreso expone, una vez más, la brecha entre la realidad de las mujeres y la clase política.

El mensaje que queda es claro: cuando la política se encierra en su propia burbuja, la igualdad y la justicia quedan fuera.

En Jalisco se vive una auténtica crisis humanitaria contra las mujeres. La violencia es rampante, agresiva, brutal… y la estrategia del gobierno parece limitarse a minimizarla o administrarla políticamente.

Es condenable que, pese a la presencia femenina en el Congreso estatal, ello no garantice que la agenda de género se priorice. El reto no es solo tener representación, sino qué se hace con ella. Incluso con el Acuerdo Estatal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2025–2030, firmado por el gobernador Pablo Lemus, la Secretaría de Igualdad, diputadas, diputados y sociedad civil, la realidad demuestra que la agenda de las mujeres continúa sin eco y desatendida.

El episodio de ayer no es un incidente aislado ni un simple error de protocolo. Es un síntoma claro de la persistente desconexión institucional frente a una crisis estructural: la violencia contra las mujeres. Si las instancias políticas no toman en serio esta agenda, los números —y las vidas— seguirán pagando las consecuencias.

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