Observando

México silenciado
Guadalajara, Jalisco. El sexenio de la “4T” se ha convertido en uno de los sexenios donde matar y desaparecer periodistas se volvió normal y natural.
En México, según la organización Artículo 19 ha documentado en este sexenio 47 asesinatos de periodistas en relación al desempeño de su profesión; asesinatos que en la mayoría de los casos no han tenido justicia, reparación del daño ni garantías de no repetición.
La falta de memoria y verdad marca un precedente doloroso para el desarrollo de esta profesión como derecho humano.
“No se mata la verdad matando periodistas” una frase icónica para defender la vida de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se puede advertir que la libertad de publicar opinión e información está avalada como un derecho humano.
Es en la Declaración de los Derechos Humanos que en su artículo 19 expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En México, el derecho humano a la libertad de expresión tiene rango constitucional; en este marco el periodismo como derecho humano viene siendo la balanza a favor de la sociedad; por él podemos dar y recibir información en los rubros del poder público, político, social y económico del país.
En la constitución mexicana el artículo 6º. nos enuncia que “Las manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisión judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o de los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la Ley.
El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir, información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Cabe resaltar que el artículo 7º. constitucional remarca que “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles o particulares, de papel para periódicos, de frecuencia radio eléctricas o de enseres o aparatos usados en la radiodifusión de información o por cualesquiera de otros medios y tecnologías de la información encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo 6º., constitucional. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
No obstante ésta gama de derechos constitucionales en México el periodismo y las personas periodistas están estigmatizadas al desempeñar su profesión. Una estigmatización y criminalización que deriva principalmente desde el poder del Estado.
Este sexenio cerrará con un velo de silencio la profesión del periodismo; hoy más que nunca se ha desacreditado la labor periodística, se la ha difamado y se la ha tildado de oscura.
Es preciso mencionar que aunado a la tragedia actual sobre los asesinatos y desaparición de periodistas; se suma la precarización de la profesión y de la falta de derechos tan esenciales como es el derecho a la seguridad social.
Desde la narrativa de la cultura de paz se espera que las condiciones cambien para el gremio periodístico y que se encuentre la luminosidad para que el arte de escribir y de informar prevalezcan en el claro respeto de los derechos humanos para quienes desempeñan la digna labor del periodismo.
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