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Rendición de cuentas

Patricia Alvarado Defensora de Derechos Humanos

PUNTUAL JALISCO

OBSERVANDO

Patricia Alvarado

“La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público sobre su administración”.

Declaración francesa de derechos humanos 1789

Guadalajara, Jalisco.- Exigir cuentas al estado, a las instituciones y funcionarios públicos es un derecho humano, es por ello por lo que la ciudadanía no debe dejar en el olvido pedir rendición de cuentas a todo aquel ente público que administra recursos públicos, toda institución pública tiene el deber de informar, justificar y explicar ante la autoridad y la ciudadanía, sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos.

     Rendir cuentas según diferentes instituciones como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) nos dice que Rendir Cuentas es: el diálogo constructivo entre la sociedad y sus gobernantes, una obligación de los representantes y un derecho de la ciudadanía, una oportunidad para recibir retroalimentación de la comunidad y otros actores institucionales, una actitud para explicar los logros y las dificultades o restricciones, un espacio para argumentar y hacer un balance de avances, dificultades y retos sobre las competencias y los compromisos de la administración.

    La rendición de cuentas implica el derecho a recibir información y también la obligación de divulgar los datos necesarios del desempeño de las entidades gubernamentales y de como ejercen los recursos públicos, es una forma de control por parte de la sociedad para conocer el desempeño del ejercicio de poder público, con el especifico propósito de estar monitoreando y vigilando sus acciones.

    La participación ciudadana es imprescindible para que sea posible hablar de rendición de cuentas pues ella es contribuyente para rediseñar la mejora en políticas públicas, también genera confianza entre la ciudadanía y cercanía entre la sociedad civil y la política, es fomento a la participación y al dialogo entre gobierno y sociedad.

    El incumplimiento del deber público conlleva sanciones  por el desvío de recursos públicos, encubrimiento y contratación indebida, tráfico de influencias, utilización indebida de información, abuso de funciones y estas sanciones van desde las no graves como amonestación pública o privada, suspensión  o destitución del empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones  de arrendamientos, servicios y obras públicas; y sanciones graves como  destitución del empleo y sanción económica.

    La rendición de cuentas es parte del fortalecimiento de la democracia, es considerada un acto de obligatoriedad para quienes ocupan un cargo público, y conlleva beneficios y oportunidades en el quehacer público.

    Es por ello que la sociedad debe estar al tanto de como puede participar y ejercer su derecho humano a estar informado de los recursos públicos y su administración.

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