OBSERVANDO

Guadalajara, Jalisco. Hay ausencias que duelen todos los días y familias que llevan años buscando respuestas, recorriendo instituciones y exigiendo que sus seres queridos regresen a casa. Lo mínimo que esperan de las autoridades es ser escuchadas. Sin embargo, este viernes 20 de noviembre, en el Congreso de Jalisco, encontraron una puerta cerrada.
Durante la jornada legislativa relacionada con la desaparición de personas, en el marco de la glosa del informe anual de las instituciones responsables de la atención a víctimas, búsqueda e identificación, familias buscadoras denunciaron que, pese a haber sido invitadas, se les impidió ingresar al recinto legislativo.
De acuerdo con sus testimonios, incluso les sacaron sillas a la calle.
La escena lastima y también indigna. ¿Cómo se puede hablar de rendición de cuentas cuando quienes viven directamente las consecuencias de la desaparición no pueden entrar a escuchar las respuestas de las instituciones?
La comparecencia, programada para las 16:30 horas, contemplaba la participación de autoridades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda.
No era un encuentro cualquiera. Se trataba de un ejercicio público para hablar de una de las heridas más profundas que enfrenta Jalisco. Precisamente por eso, la presencia
de las familias era indispensable.



La diputada Esther Montserrat Pérez Cisneros forma parte de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas. Por ello, las circunstancias en que se restringió el acceso merecen una explicación clara y pública. Es necesario conocer quién tomó esa decisión, por qué se tomó y con qué fundamento.
No se trata de señalar sin antes conocer todas las versiones, sino de exigir transparencia y responsabilidad institucional.
Las familias buscadoras no son visitantes incómodas, tampoco una presencia que deba mantenerse al margen. Son quienes han convertido el dolor en búsqueda, la ausencia en exigencia y la esperanza en una lucha cotidiana por encontrar a sus seres queridos.
Excluirlas de un espacio de diálogo y rendición de cuentas profundiza el agravio y puede constituir una nueva forma de revictimización.
No basta con organizar comparecencias, presentar cifras o hablar de protocolos. La atención a las víctimas se demuestra escuchándolas, reconociendo su experiencia y garantizando que puedan participar en las decisiones que afectan sus derechos.
El Congreso es un espacio de representación popular. Sus puertas deben estar abiertas, especialmente cuando quienes llaman a ellas son familias que llevan años buscando verdad y justicia.
Desde los derechos humanos, la exigencia es elemental: ninguna institución puede hablar de atención a víctimas mientras deja fuera a las propias víctimas y sus familias.
Porque la desaparición de personas ya les arrebató demasiado. No permitamos que también les arrebaten la voz.
¡Sin las familias, NO!
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