Observando

Guadalajara, Jalisco.- Hay heridas de la infancia que no siempre se ven, pero que pueden acompañar a una persona durante toda su vida. El abuso sexual infantil es una de ellas.
Lo más doloroso es reconocer que, en muchas ocasiones, quien agrede no es un extraño. Puede ser alguien de la familia, una persona cercana o alguien a quien se le confió el cuidado de una niña o un niño.
Y entonces aparece otro daño: el silencio. Ese que se impone por miedo, por vergüenza, por amenazas o para proteger el prestigio de una familia o una institución.
Pero hay que decirlo sin rodeos: ninguna reputación vale más que la integridad de una niña o un niño.
Naciones Unidas estableció desde 1989, mediante la Convención sobre los Derechos del Niño, la obligación de proteger a la infancia contra toda forma de violencia y explotación sexual. Sus artículos 19 y 34 son claros. Sin embargo, los compromisos internacionales todavía están lejos de convertirse en una protección efectiva para millones de niñas y niños.
En México, las cifras duelen y obligan a actuar. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con información de la Secretaría de Salud, reportó que durante 2024 fueron atendidas en hospitales de Jalisco 1,834 personas menores de edad por violencia sexual. El 97.3% de los registros correspondió a mujeres.
Jalisco encabezó las atenciones hospitalarias por esta causa. Y debemos entender que hablamos de registros de atención médica, no de todos los casos que ocurren. Muchos nunca llegan a denunciarse ni a conocerse.
La violencia también encontró nuevas formas de acercarse a la infancia. El estudio Disrupting Harm México identificó que aproximadamente el 13% de adolescentes de 12 a 17 años usuarios de internet experimentó abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología durante el periodo estudiado. El problema también está en las pantallas, en los engaños, las amenazas y la manipulación digital. ¿Qué estamos haciendo para protegerles?
México tiene leyes. El artículo 4 constitucional establece el interés superior de la niñez y los artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen su derecho a vivir libres de violencia.
Pero las leyes no bastan si las instituciones no escuchan, si las denuncias se pierden, si las víctimas son cuestionadas o si deben contar una y otra vez lo sucedido para conseguir justicia.
Desde la Cultura de Paz debemos hablar de esto. No puede haber paz donde una niña o un niño vive con miedo. Educar para la paz también significa enseñar respeto al cuerpo, reconocer los límites, cuestionar las relaciones de poder y, sobre todo, construir entornos donde la infancia pueda hablar sin temor.
No podemos pedirles a las víctimas que guarden silencio para evitar problemas.
Tampoco podemos responsabilizarlas de no haberse defendido. La responsabilidad es de quien agrede y de las instituciones que tienen la obligación de proteger.
Hay una pregunta que debemos hacernos como sociedad: ¿De qué sirve hablar del futuro de México si no somos capaces de proteger a quienes representan ese futuro? La infancia no necesita discursos, necesita adultos responsables, autoridades que actúen y una sociedad que no cierre los ojos.
Porque cuando se vulnera a una niña o un niño, no solamente se lastima una vida: se lastima nuestra humanidad.
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