Ciudad de México.- De manera remota comparecen ante un juez federal 25 ex funcionarios del sistema penitenciario federal que presuntamente tuvieron alguna responsabilidad en la firma de los contratos con los cuales se concretó la construcción de ocho prisiones federales en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por los cuales se acordó un pago de más de 270 mil millones de pesos.
Según los datos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados realizaron acciones ilegales en la adjudicación de los contratos para la construcción de los centros penitenciarios que se localizan en Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.
La indagatoria fue realizada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), se judicializó la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, y con ello se originó la causa penal 45/2021, que se desahoga en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
En la audiencia participan, entre otros, Celina Oseguera y Gonzalo Villarreal Guerra, extitulares del organismo que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En este caso en marzo pasado se libró una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de seguridad pública federal, durante el gobierno de Felipe Calderón.
El juez quer encabeza la audiencia inicial es Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien también es responsable del proceso judicial que se sigue en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga.
Asimismo, se encuentran como imputados el exOficial Mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Sergio Montaño Fernández; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración del OADPRS; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de adquisiciones de los Centros Federales; Paulo Uribe Arriaga, uno de los funcionarios penitenciarios de más alto rango señalado como presunto responsable de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015.
Asimismo, Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración de Administración del Órgano Administrativo; Oscar Moreno Villatoro, ex director general de Administración del OADPRS; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo; Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social.