Guadalupe Sandoval
Diputados impulsan mejoras en centros penitenciarios para mujeres
Guadalajara, Jalisco. – En atención al llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se trabaje en impulsar acciones necesarias para respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios presidida por la legisladora Hortensia Noroña Quezada, en reunión con el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez y sus colaboradores, revisaron las condiciones en que se encuentran las reclusas, y al mismo tiempo solicitarles que las fortalezcan en lo que sea necesario.
El mensaje de la CNDH precisa: “pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas, que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción de su embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la Suprema Corte de justicia de la Nación”, al que dio lectura la diputada Noroña Quezada.
Por lo anterior, declaró que la reunión de la comisión con los funcionarios y técnicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, es una oportunidad para identificar y desarrollar trabajos legislativos en función de sus necesidades o insuficiencias, y que de ser necesario se elaboren adecuaciones que impulsen mejoras en los procesos de readaptación y reinserción social, en un marco de respeto a los derechos humanos, en beneficio de las familias jaliscienses.
Informó la diputada que entre 2015 y 2019 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salud, dio a conocer que se tenía un registro de dos mil 184 carpetas de investigación iniciadas por el presunto delito de aborto.
De esa cantidad, 451 se registraron en la capital del país, 237 en Baja California, en el Estado de México 210 y en Jalisco sólo 100.
También se cuestionó a los responsables de los reclusorios sobre la existencia de mujeres que hayan cometido la interrupción del embarazo, y los funcionarios respondieron que no hay ningún caso por ese motivo.
Igualmente, manifestaron que se desarrollan actividades educativas y culturales, se ha mejorado la alimentación y en general todos los servicios a favor de las reclusas y sus hijos, principalmente menores de edad.
Cabe mencionar que nuestro sistema penitenciario en general, requiere de una renovación en todos los aspectos, en donde se dé solución a problemas, se respeten los derechos humanos de las reclusas, y en el que se instruya personal capacitado de carrera, el cual ayude a reinsertar de manera efectiva a la población penitenciaria a la sociedad.
Los centros penitenciarios tienen que dejar de ser un motivo de vergüenza para los gobiernos y las sociedades, convertirse en un desafío prioritario y en una urgente exigencia de labor compartida e integral de las instituciones públicas.
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