Observando
Patricia Alvarado
“El uso del poder público nunca debe ser usado para causar daño y reforzar mecanismos de dominación”.
Guadalajara, Jal.- La violencia de género desde el estado se incrementa desde las más altas esferas del poder público.
El hostigamiento laboral y sexual son las violencias en la esfera pública que más prevalecen, -hay hostigamiento sexual cuando un hombre aprovecha su posición de poder para pedir de forma insistente a una mujer que tengan relaciones sexuales, hay hostigamiento laboral cuando alguien amenaza y humilla a las mujeres vulnerando su dignidad como persona-, estas violencias en otras épocas han permanecido en el anonimato, hoy en día han salido a la luz pública por mujeres que han tenido la valentía de denunciar.
La violencia de género desde el estado se ha normalizado, y las mujeres no tienen garantizados sus derechos como lo son su integridad y seguridad, tras la denuncia estas mujeres viven en desasosiego por sentirse en estado de indefensión y regularmente si ocurre la denuncia son estigmatizadas y denostadas por atreverse a “desgraciar a los hombres”.
El Estado como garante de los derechos humanos de las personas tiene la responsabilidad y obligación de dar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, esta debe englobar de manera multidisciplinaria medidas para cuidar y restablecer la salud mental, balanceando el equilibrio social, económico y familiar de la víctima, para evitar la revictimización.
La violencia institucional que deviene del poder judicial se disfraza de “justicia a modo” para mantener a las mujeres sumergidas en la profundidad de un caos jurídico pues cuando se atreven a denunciar, esta denuncia no se judicializa, permanece archivada, o se le encuadra por otro delito menor por lo que llevar un juicio sin la garantía de un trato digno causa un daño difícil de reparar y con seguridad no contribuye a la erradicación de la violencia de género.
La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz; viola, menoscaba e impide el goce y disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Las mujeres que hacen oír sus voces nos dan un parámetro para conocer de viva voz la desigualdad y discriminación en los estratos públicos, nos dan la pauta para reformular y cuestionar al poder judicial sobre estas violencias que muchas de las veces quedan sin castigo y sin reparación del daño.
El poder judicial necesita una reingeniería de fondo; educarse en materia de derechos humanos, perspectiva de género y eliminación de estereotipos para dejar de victimizar a las denunciantes, deben de garantizar el acceso a la justicia resguardando las carpetas de investigación para no obstruir la justicia para las justiciables, y los agentes de investigación educarlos con perspectiva de género, como lo mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Desde la ciudadanía deberemos insistir y persistir que se respeten los derechos humanos de las mujeres, como personas con dignidad humana la cual nunca debe ser violentada por el estado, el uso del poder público no debiera ser usado para causar daño y reforzar mecanismos de dominación; antes bien tiene la obligación de tutelar una justicia efectiva.
Pax