Observando
Índice de Paz México 2025
Guadalajara, Jalisco.- En su duodécima edición del Índice de Paz México (IPM), el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) reporta en su resumen informativo “que la paz en el país mejoró un 0.7% en 2024. Esta cifra marca el quinto año consecutivo de mejora moderada, luego de cuatro años de deterioro pronunciado.
Durante el último año, 18 estados mejoraron su calificación en el IPM, mientras que 14 registraron retrocesos.
Colima se mantuvo como el estado menos pacífico del país por tercer año consecutivo, al superar nuevamente los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, la peor tasa de homicidios en México. Le siguen en violencia Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. En contraste, Yucatán se posicionó una vez más como el estado más pacífico por octavo año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Durango, Chiapas y Nayarit.
A pesar de las mejoras recientes, México es hoy un 13.4% menos pacífico que en 2015.
En este periodo, diversos indicadores delictivos han aumentado de forma considerable. La tasa de homicidios es un 54.7% más alta que hace una década, y los delitos cometidos con armas de fuego han crecido un 71.2%.
La delincuencia organizada continúa siendo el principal motor de la violencia extrema en el país. Desde 2007, los homicidios relacionados con el crimen organizado se han multiplicado por seis, pasando de aproximadamente 3,000 muertes al año a cerca de 18,000 en el último año. En contraste, los homicidios no asociados a estas redes han mostrado poca variación.
Gran parte de esta violencia se inscribe en el marco de la compleja relación entre México y Estados Unidos, especialmente por las operaciones de los cárteles mexicanos para abastecer la demanda de drogas ilícitas, como el fentanilo, en el mercado estadounidense. Aunque la mayoría de los flujos transfronterizos de bienes y personas son legales y benéficos, el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero ha tenido consecuencias devastadoras en ambos países: en México ha intensificado los conflictos armados entre grupos criminales, y en EE. UU. ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis.
Además, el aumento en los flujos migratorios irregulares ha generado tensiones diplomáticas y divisiones políticas internas. Sin embargo, los datos recientes indican que algunos de estos flujos —como los de migrantes y drogas— pudieron haber alcanzado su punto máximo entre 2022 y 2023, mostrando una tendencia descendente.
En el ámbito doméstico, también se ha observado un incremento notable de delitos asociados a la delincuencia organizada. Las extorsiones han aumentado un 45.5% desde 2015 y el narcomenudeo se ha disparado más de un 161%. México, tradicionalmente considerado como país productor o de tránsito, ha visto crecer su mercado interno de drogas. Aumenta el número de personas mexicanas que buscan tratamiento por consumo de sustancias como metanfetaminas y éxtasis, mientras disminuye el consumo de alcohol y marihuana.”
Una de las consecuencias más trágicas de la extorsión es el asesinato de personas inocentes.
Frente a esta crisis, el Estado mexicano enfrenta una gran responsabilidad para erradicar la extorsión y la violencia. Sin embargo, pese a campañas informativas y algunas acciones aisladas, no existe una política criminal sólida y sostenida que logre contener el avance de la delincuencia organizada ni que ofrezca garantías reales de seguridad a la ciudadana.
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