Persiste tensión por crisis de desapariciones en Jalisco: entre avances en localizaciones y denuncias de reclutamiento forzado.

GUADALAJARA, JALISCO – A medida que avanza julio de 2026, la crisis de personas desaparecidas en Jalisco mantiene bajo escrutinio la estrategia de seguridad estatal, equilibrándose entre un reporte oficial de reducción en las cifras estadísticas y la alarma social generada por casos de alto impacto que involucran a jóvenes en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Avances en operativos de búsqueda
Las autoridades estatales reportaron esta semana un incremento en la efectividad de las labores de búsqueda inmediata. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, durante la última semana de junio y la primera de julio, la Vicefiscalía logró localizar a 26 personas. Este dato se suma a un balance del primer semestre del año, que contabiliza 1,259 denuncias, una cifra que, según el gobierno estatal, mantiene una tendencia a la baja comparada con el mismo periodo de 2025. La tasa de localización reportada para estos primeros meses del año se sitúa en un 59.5%.
La sombra del reclutamiento forzado
A pesar de la tendencia estadística, la preocupación pública se ha centrado en casos recientes, particularmente el de seis jóvenes desaparecidos a finales de junio en contextos que, según las investigaciones preliminares, apuntan hacia el reclutamiento forzado. Las autoridades han advertido sobre una modalidad operativa en la que grupos delictivos utilizan ofertas de empleo falsas para atraer a personas jóvenes, una táctica que ha obligado a las familias y a la sociedad civil a extremar precauciones. Un hito en este caso fue la localización con vida de tres menores el pasado 9 de julio, acción que derivó en la detención de un presunto responsable, proporcionando un respiro a las familias involucradas.
Voces críticas y el fenómeno de la “cifra negra”
Por otro lado, colectivos y analistas advierten que las cifras oficiales no reflejan la totalidad de la realidad. En regiones conflictivas, como la zona de Los Altos, señalan que el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones impiden que muchas familias interpongan denuncias formales. Esta “cifra negra” sigue representando un desafío crucial para las autoridades, que buscan combatir no solo la desaparición, sino la erosión de la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en todo el territorio jalisciense.