Guadalajara, Jalisco.- En medio de protestas, cuestionamientos y desacuerdos por parte de diversos sectores, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció hoy 12 de enero el inicio del prerregistro para la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, un nuevo instrumento que, de acuerdo con el gobierno estatal, busca concentrar y facilitar el acceso a programas sociales y servicios públicos.
La tarjeta será administrada por la empresa Broxel, con respaldo de la firma internacional Visa, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de grupos de oposición y organizaciones civiles, quienes han expresado su preocupación por la transparencia, seguridad y antecedentes de la empresa encargada de su operación.
Broxel ha sido señalada en el pasado por haber sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionadas con un caso de carácter fiscal. Si bien dichas indagatorias no derivaron en sanciones públicas que impidan actualmente su operación, el antecedente ha sido utilizado por críticos del proyecto para cuestionar la idoneidad de la empresa en el manejo de información y recursos públicos.
Durante los últimos días, grupos opositores al gobierno de Pablo Lemus se han manifestado en distintos puntos del estado, advirtiendo que la Tarjeta Única podría convertirse en un mecanismo de control político o de uso discrecional de programas sociales. Los manifestantes también han exigido mayor claridad sobre los contratos, los términos del acuerdo con Broxel y los mecanismos de protección de datos personales.
A pesar del ambiente de inconformidad, el gobierno estatal no ha anunciado retrasos en la implementación del proyecto. Por el contrario, el prerregistro ya se encuentra habilitado y las autoridades han reiterado que la Tarjeta Única es parte de una estrategia para modernizar la administración pública y optimizar la entrega de apoyos.
Hasta el momento, Pablo Lemus y su equipo han sostenido que el programa cumple con los marcos legales vigentes y que la participación de empresas privadas responde a criterios técnicos y operativos. Sin embargo, el debate público continúa abierto y se prevé que las protestas y exigencias de transparencia se intensifiquen conforme avance la puesta en marcha del nuevo sistema.