Cerca de 300 personas, en su mayoría familias de origen Otomí, fueron desalojadas el pasado 12 de agosto de un predio ubicado en las faldas del cerro de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco de Zúñiga. Los afectados aseguran que el operativo se realizó de manera violenta y sin la presentación de una orden de desalojo escrita.
De acuerdo con los testimonios, durante el operativo participaron elementos de la policía municipal de Tlajomulco y de la Fiscalía del Estado, quienes habrían golpeado a vecinos, arrastrado a mujeres y hombres, además de destruir viviendas hechas de madera y lámina. Algunos habitantes denunciaron que parte de sus pertenencias fueron quemadas.
Las autoridades justificaron el desalojo señalando que el terreno pertenece a una persona ya fallecida y que la acción fue respaldada por una resolución judicial federal; sin embargo, los vecinos insisten en que nunca se les mostró un documento oficial que acreditara dicha orden.
Plantón frente al Palacio de Gobierno
Tras el desalojo, las familias instalaron un campamento en el centro de Guadalajara, frente al Palacio de Gobierno, donde exigen acceso a vivienda digna y una investigación sobre los hechos.
El diputado federal del Partido del Trabajo, José Luis Sánchez González, junto con organizaciones sociales y colectivos defensores de derechos humanos, han manifestado su respaldo a la comunidad otomí. El legislador denunció que se trató de un desalojo violento que atenta contra los derechos fundamentales de una población indígena en situación de vulnerabilidad.
“Lo que ocurrió en Tlajomulco no solo es un problema de vivienda, sino una violación grave a los derechos humanos de familias indígenas que han buscado establecerse en esta región desde hace años”, señaló José Luis Sánchez González.
Exigen justicia y respeto a derechos indígenas
Los afectados insisten en que permanecerán en plantón hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno de Jalisco y del Poder Judicial. También piden que se investigue el presunto despojo de tierras que, aseguran, favorece intereses privados sobre comunidades que han habitado en el lugar durante varios años.
El caso ha comenzado a atraer la atención de organizaciones civiles y partidos políticos que piden frenar los desalojos sin garantías legales y con uso excesivo de la fuerza pública.
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