Guadalajara, Jalisco.– En rueda de prensa, familiares de accionistas originales de Lechera Guadalajara, mejor conocida por la marca “Sello Rojo“, denunciaron una serie de irregularidades y conflictos internos que han derivado en la pérdida de derechos para productores lecheros y presuntos actos de tráfico de influencias por parte de miembros de la familia González Uyeda.
Luis Rabinal González, albacea de dos accionistas afectados, explicó que la empresa opera en condiciones irregulares desde 1986. Lo que alguna vez fue un emporio de más de 3,800 productores bajo el sello “Al Día”, hoy cuenta con solo 700 productores activos. Se destacó que el 40% de los activos de la empresa pertenece a Sello Rojo.
Conflicto interno sacude a Lechera Guadalajara: Productores denuncian abuso de poder y abandono institucional
Durante la conferencia, Rabinal González expuso que un reciente fallo del Juzgado Quinto de Distrito que inicialmente restituía el control de la empresa a un consejo anterior a 2019 fue revocado poco antes de ser anunciado, lo que atribuyó a presiones políticas y empresariales ejercidas por Abraham Kunio, Rubén Masayi e Hilda Hiroko González Uyeda. Afirmó que los tribunales han dejado en indefensión a los accionistas al desestimar su calidad legal como socios.
“Si se pusieran los expedientes a disposición de jueces y abogados honorables, verían el abuso del derecho que ha perjudicado a siete accionistas”, afirmó Rabinal González.
Ganaderos de los Altos de Jalisco, agrupados en la sociedad “La Concordia” y representados por Refugio Muñoz Pérez, denunciaron incumplimientos por parte de los propietarios de Sello Rojo, incluyendo la omisión de reportes financieros, la falta de asambleas y el retiro de la marca “Al Día” de mercados estratégicos como el Estado de México y la Ciudad de México desde 2021, lo que ha mermado significativamente la capacidad de operación de los productores.
Según los testimonios, estas acciones han reducido de forma alarmante el valor de las acciones de los productores y provocaron el cierre de múltiples centros de acopio en municipios como San Julián, San Juan, San Miguel y Jalostotitlán.
“Hace 30 años producíamos 15 litros por vaca; hoy son 40, pero ya casi no tenemos a quién venderle”, lamentó Refugio Muñoz, quien también hizo un llamado al gobernador Pablo Lemus a intervenir en el conflicto.
Finalmente, los ganaderos criticaron la falta de regulación en el mercado lácteo, señalando el ingreso de productos adulterados y leche en polvo como una amenaza al sistema productivo nacional. “Las políticas gubernamentales no están frenando el guachicoleo de la leche ni los extensores usados por queseros que afectan la salud pública”, concluyó Muñoz Pérez.
Los afectados anunciaron que solicitarán una reunión formal con el gobernador y seguirán exigiendo justicia y respeto a sus derechos como socios y productores.
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