Guadalajara, Jalisco.— Por primera vez en la historia del país, México enfrenta un proceso electoral inédito: la elección judicial directa de jueces y magistrados. Este hecho ha generado gran expectativa a nivel internacional, posicionando al país en el centro de la atención global por el cambio radical que implica elegir a los integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular.
Sin embargo, a diferencia de los procesos electorales tradicionales, esta elección está sujeta a reglas muy específicas. Una de las más importantes es la prohibición estricta de utilizar publicidad pagada, tanto en medios impresos como en plataformas digitales. Esta medida busca garantizar condiciones de equidad entre los aspirantes y evitar que factores económicos influyan en la percepción pública.
“Los candidatos no pueden contratar anuncios en periódicos, espectaculares, redes sociales ni sitios web. El objetivo es privilegiar la propuesta y la trayectoria por encima del presupuesto”, declaró un portavoz del Instituto Nacional Electoral (INE).
Hasta el momento, los jueces y magistrados en campaña pueden hacer uso de sus redes sociales personales y participar en entrevistas o espacios informativos en televisión y medios digitales, siempre que estos no impliquen un pago por su aparición.
Diversos organismos internacionales y nacionales de observación democrática han mostrado interés por el desarrollo de este proceso, ya que marcará un precedente en la forma en que se organiza y supervisa la participación política del Poder Judicial.
Con los ojos del mundo puestos en México, este ejercicio democrático representa tanto un reto como una oportunidad para fortalecer la transparencia, la legitimidad institucional y el acceso de la ciudadanía a quienes imparten justicia.
ESTAMOS ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD DE PODER ELEGIR EL PODER JUDICIAL EMANADO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO CON LA MADURES Y RESPONSABILIDAD QUE NOS REQUIERE.
ESTAMOS ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR MADURES POLITICA Y SOCIAL EN BIEN DE NUESTRA GRAN NACION, SEREMOS LOS RESPONSABLES DE ELEGIR UN PODER JUDICIAL AUTENTICO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.