OBSERVANDO
Patricia Alvarado
Guadalajara, Jalisco.- El pasado miércoles a través de noticias locales y redes sociales se supo del desalojo y derribamiento de viviendas de cerca de 70 familias de la colonia Miramar y Lomas de la Primavera del municipio de Zapopan, Jalisco, dicho desalojo se realizó con prepotencia y sin mediar diálogo con los vecinos de esa comunidad, justificando dicho desalojo en la seguridad de las personas del programa “Miramar a salvo”.
Por orden federal de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), gobierno del estado en coadyuvancia con el municipio de Zapopan y protección civil de esa localidad derribaron viviendas destruyendo con ello patrimonio familiar de personas de condición vulnerada.
Si bien es cierto que la orden provenía de una autoridad federal, la obligación del gobierno estatal y municipal es proteger a sus mandantes salvaguardando sus derechos humanos por ejemplo con avisar y socializar con antelación a las personas involucradas en el desalojo, estableciendo diálogo y proveyendo de mutuo acuerdo de un lugar digno para que pudieran las familias protegerse y proteger sus enseres domésticos, lo cual no ocurrió al decir de la comunidad.
De acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos y humanitario la práctica de desalojos forzados, coaccionados o involuntarios de personas, grupos y comunidades de sus hogares por motivos tan variados como pueden ser asentamientos irregulares de tierras estos limitan la capacidad de la persona vulnerando sus derecho a una vivienda digna, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la alimentación, salud, educación, además de ser alentador al crecimiento de la desigualdad, conflictos sociales, segregación y la creación de guetos, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente a las mujeres, niñez, minorías y pueblos indígenas, es por ello que se requieren acciones que protejan y respeten los derechos humanos de las personas involucradas en estas prácticas.
Es con empatía gubernamental que estos desalojos pudieran realizarse para no violentar a las personas y con ello proteger derechos humanos y así asegurar el respeto de estos consagrados en los tratados internacionales y principios vinculantes; es obligación del gobierno abstenerse de violar derechos tanto interna como extraterritorialmente.
Pax