CRIMEN Y CASTIGO
“Solo castiga al que haya cometido el crimen”
Marco Aurelio
Rubén Ortega Montes*
Flamante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, poseedor de colección de autos deportivos, y otros fetiches de las clases pudientes, es el principal obligado de procurar justicia mediante la aplicación del debido proceso desde la investigación inicial, complementaria, acusación y el proceso judicial federal, mostró en audios publicados el pasado viernes, que no se importaba cumplir esa responsabilidad estrictamente apegado a la ley y su obligación fundamental para la existencia del estado de derecho en México.
Sus dichos muestran un funcionario que utiliza todo el poder de su cargo para una venganza personal contra su cuñada y de la hija de ésta.
Se promueve como un agente del Ministerio Público de cuarta, pero por su calidad de fiscal general, se convierte en un funcionario prepotente capaz de violar impunemente la ley y utilizar su poder para tratar de manipular a los ministros de la SCJN, sentado en la silla de su oficina en la FGR, con el personal a su cargo, el celular a su cargo, la bandera, que poco le importa como al presidente que ni siquiera la saluda, intercomunicado mediante otro fiscal a su cargo, para hablar de un caso particular de su interés personal con los ministros de la Suprema Corte. ¿Queriendo justificar su alta gama de corrupción del sistema al tratar de asumirse como ofendido o víctima, pero acaso le recibirían a cualquier defensor una llamada en la Corte si esta no saliera de la oficina del fiscal general? Todo lo anterior sazonado con la exhibición de su vulgar lenguaje personal (Alejandra Cuevas es “la pendeja esa que está en la cárcel”). Increíble y escandalosa historia.
AMLO al ser cuestionado sobre estos hechos y dijo sobre el caso lo siguiente: 1) “Entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo, él quiere que se haga justicia”; 2) “Mantengo la confianza en el fiscal, lo demás es apostar a tumbarlo. Eso como que no nos conviene a los mexicanos” y, 3) “Yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego que no les tengo confianza a jueces”. El Presidente de todos los mexicanos toma partido y menciona dos razones insostenibles.
Primero: justifica que el fiscal viole la ley, se comporte de la peor manera como persona y como funcionario y destruya la de por sí escasísima autoridad moral de la Fiscalía.
Pobrecito, quiere hacerse justicia, y como ni él ni Gertz confían en los jueces, pues que tuerza la ley, aunque tenga que encarcelar inocentes.
Segundo: AMLO sostiene que sacarlo no les conviene a los mexicanos. ¿De verdad no nos conviene que se vaya a su casa o a la cárcel quien ha utilizado a la FGR para venganzas personales, antepone sus intereses personales, destruye el debido proceso y trata de manipular a la SCJN con tal de satisfacer su ego? A quien no le conviene que renuncie o lo destituyan es al Presidente, pues significaría admitir que se equivocó al nombrarlo y que ha permitido que la Fiscalía se convierta en un instrumento discrecional de ataque a enemigos políticos y/o personales. Como lo hicieron a quienes critica. Escandaloso que el Presidente confíe en él solo porque no le conviene tumbarlo.
Tres: AMLO prometió terminar la corrupción y generó una gran esperanza de que así ocurriera; hace dos años todo era hablar de la corrupción de la “mafia del poder”, los 70 implicados en los sobornos de Odebrecht y los cuates de Juan Collado. No hubo pruebas de nada de eso; se esfumaron como se esfuma el humo. Hoy, se habla de los lujos inexplicables de su hijo; de las investigaciones frenadas por la FGR contra sus hermanos; de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, que les robó 10 por ciento de sus salarios a los empleados municipales de Texcoco; de los presuntos chantajes de abogados amigos de Julio Scherer; de casi mil 500 probables actos de corrupción en el ejercicio del gasto público de 2020, según la Auditoría Superior de la Federación. Y la cereza del pastel, confiar en un fiscal general que convirtió a la FGR, autónoma por primera vez, en un lodazal.
Es el derrumbe; el gobierno y la supuesta 4T se están derrotando moral y políticamente. Y recordemos que el nombramiento del fiscal general es por 9 años. No cabe que sigue habiendo crímenes sin castigo, desde las oficinas de donde se debiera procurar y administrar justicia, en donde se criminaliza a inocentes.
*Miembro del Observatorio de seguridad y Justicia de la U. de G.
Profesor e investigador del Centro Universitario de Ciénega
