Observando
Patricia Alvarado*
La necesidad de la Ley del Aborto es urgente, la despenalización acabaría con una mafia de miles de personas a lo largo y ancho del país, en el que se encuentran inmersos profesionales de la salud, de la justicia y de cotos de poder político al estar negociando la aprobación o no en aras de intereses distintos a la progresividad de los derechos de las mujeres
Si la despenalización del aborto no es ley, se seguirán realizando miles de abortos por año y mujeres que no pueden pagarlo seguramente morirán por no haberlos realizado en lugares seguros; esta ley da a las mujeres el derecho a decidir.
El aborto es un negocio clandestino que existe y que ha existido desde hace mucho tiempo, es impostergable una ley que regule estas prácticas y proteja los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, esta ley constituye una política de salud porque el aborto clandestino es una de las primeras cinco causas de mortalidad materna en nuestro país.
Con negar el problema del aborto clandestino o invisibilizarlo esto no acaba, por ello es importante no eludir la aprobación de esta ley para con ello garantizar el acceso legal y seguro.
Quizá usted ha conocido algún caso de alguna mujer, niña, adolescente, pariente, vecina que ha padecido algún aborto y donde su viacrucis empieza con ser procesada, sentenciada, estigmatizada y revictimizada a lo largo de su vida.
El siete de septiembre pasado a nivel nacional se dió la noticia de Diana Patricia de Oluta del estado de Veracruz, que dejaría la cárcel en la que estuvo encerrada por tres meses y 20 días acusada de asesinar a su hijo y abandonarlo en el baño de la misma tienda donde sufrió un aborto espontáneo ocurrido el 24 de mayo, no se puede seguir vulnerando el derecho de las mujeres al acceso al aborto seguro, a recibir contención, información necesaria y adecuada para que pueda decidir; no más asilamiento y clandestinidad, la frase que dijo Diana Patricia al salir de la celda fue: “con insultos y burlas, a mí ya me sentenciaron”.
Así como Diana Patricia otras mujeres fueron liberadas ya que el 24 de septiembre pasado se emitió la “liberación de mujeres procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo”, lo anterior a partir de la resolución del siete de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), en la que los ministros resolvieron la inconstitucionalidad por criminalizar el aborto en el país.
La Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas estarán proporcionando asesoría legal y de conformidad con dicha resolución.
*es defensora de derechos humanos.