PARA QUE SE ENTERE
Blanca Nieves Palacios Barreda
Si hay algo que ha hecho un enorme daño a los mexicanos, ha sido el tan repudiado: “fuero constitucional”, que ha originado que, amparados en esta figura legal, funcionarios públicos, desde el presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, y otra caterva de funcionarios públicos de alto rango, puedan cometer cualquier delito, sin que se les pueda enjuiciar y aplicar todo el peso de la ley, como ocurre con cualquier ciudadano común.
El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, faltaría agregar, enriquecimiento ilícito, no sorprende a los ciudadanos, ha sido el modus operandi de la clase política y la gran mayoría de los gobernadores del PRI y, del PAN.
Los que parecen no encontrar la forma de aplicar la ley, son precisamente quienes las aprueban, los diputados y senadores y, quienes tienen el poder legal de aplicar la justicia, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, da a conocer nombre de políticos o gobernadores, investigados por sus enormes fortunas, sobre las cuales existen indicios inequívocos de que, no son obtenidas de manera honesta, sino todo lo contrario, se arma la desbandada.
La misma Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que naciera el 13 de junio de 2002 en Cancún, Quintana Roo, que tenía como propósito ser: “un foro permanente que busca fortalecer el federalismo, mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto por las instituciones de México” se escinde.
Tal propósito, fue adoptado durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y sostenido durante el de Enrique Peña Nieto; bastó que llegara a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien vieron y publicitaron como un “peligro para México”, para que varios gobernadores abandonaran la Conago., entre ellos: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima); Jaime Heliodoro Rodriguez Calderón (Nuevo León); José Rosas Aispuro (Durango), más los que se acumulen.
Con todo y este organismo, los gobernadores, han sido vistos por los ciudadanos, que son los que aportan mediante impuestos, al engrandecimiento de sus fortunas, como unos verdaderos delincuentes de “cuello blanco”, como se les ha dado en llamar, por sus finos trajes y blancas camisas de marca.
Ante los inocultables delitos cometidos al amparo del poder de sus respectivas gubernaturas, de sus partidos, varios de los gobernantes se encuentran en la cárcel, otros sujetos a procesos, por lo que se han amparado; otros en arraigo domiciliario, porque al detenerlos es común que se enfermen.
Quienes se encuentran en las situaciones descritas son: Mario Villanueva; Rodrigo Medina; César Duarte; Roberto Borge; Fidel Herrera; Tomás Yarrington; Jorge Torres; Javier Duarte; Quirino Ordaz Coppel.
Otra casta política de privilegiados, que no se debe de dejar fuera del alcance de la justicia son los corruptos líderes que se han eternizado en esos puestos, viviendo con el esfuerzo y sudor de millones de trabajadores, como es el caso de: Victor Félix Flores Morales; Daniel Amador Gaxiola; Isaías González Cuevas, Victor Fuentes; Joel Ayala; Francisco Hernández Juárez y, a quienes han burlado la ley, y se han favorecido de la corrupción que prevalece en el poder judicial, como los millonarios líderes: Carlos Romero Deschamps Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia.
Todos estos y muchos más gobernadores, incluyendo por supuesto a ex presidentes de la República, deberían estar siendo investigados, porque estos delitos en perjuicio de la ciudadanía y del país mismo, no deben estar sujetos, ni a “fueros”, ni a “prescripciones de delito”; igualmente invalidada. debe de ser declarada por la SCJN, la defensa a ultranza que el congreso de diputados de Tamaulipas hace de un verdadero delincuente, cuyas pruebas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) no están en tela de juicio y, en todo caso, procedente debe ser, declarar a los diputados tamaulipecos cómplices de éste, hoy prófugo ex gobernador, Cabeza de Vaca y, si tanto lo quieren, que lo acompañen a la cárcel, donde deben de estar.