Para que se entere
Blanca Nieves Palacios Barreda
La decisión del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de someter su mandato y elevarla a rango constitucional, para el que fue elegido por seis años en julio del 2018, a una revocación, puede tener dos lecturas, basados en la definición del mismo término.
Una, que no está respetando el voto de más de 30 millones de mexicanos de que permanezca en el puesto de presidente para el que fue electo durante el período en mención; otra, que simplemente ya no quiere seguir con tal responsabilidad.
En todos los diccionarios está plasmado el significado de revocación, que dicen: “medida disciplinaria tomada contra un funcionario por la que éste se ve desposeído de su función en la administración pública. / Anulación de una disposición de una autoridad por otra distinta. / Acto jurídico con el que una persona anula los efectos de una medida tomada por ella anteriormente”.
No ha habido acción alguna, en ninguna de éstas tres definiciones señaladas, que indiquen que se quiere desposeer del puesto para el que AMLO fue electo; de que hay intenciones, las hay, pero provienen de un sector minúsculo que por más de ocho décadas se habían apoderado de nuestro país y sus riquezas, empobreciendo en cada sexenio a millones de mexicanos.
Esta declaración de AMLO, a más de lo dicho, es un arma de dos filos con la que juega de manera irresponsable, pues lo mexicanos, pacifistas como somos, esperamos muchos años para que pudiéramos gozar de un cambio de sistema, no solo de presidente y, quienes no lo quieren mas ostentando el poder que da la presidencia, utilizaran todos sus recursos para derrocarlo, esa es la palabra correcta.
¿Seremos los mexicanos capaces de defender el triunfo que obtuvimos ese primero de julio de 2018? Tendremos que preguntarnos ¿cómo? Quienes tienen en México el poder económico, son los dueños de miles de empresas, que es donde trabajan millones de ciudadanos, mal pagados, sin mayores prestaciones que, con el solo hecho de amenazarlos, con un despido, votan por lo que se les mandate.
No es de descartarse que, las intenciones de AMLO, estén basadas en impedir que sus sucesores puedan ser revocados, de seguir con la misma forma de gobernanza a la que se acostumbraron: corrupción, enriquecimiento ilícito, inseguridad, autoritarismo desigualdad e injusticia que sostuvieron por tanto tiempo.
Las aguas andan revueltas y lo estamos viendo, un Poder Legislativo y Judicial en los que han venido aflorando sus intereses políticos, más que el interés de bienestar de los mexicanos; con sus honrosas excepciones, en ambas instituciones lo que hemos padecido es una aplicación lenta no expedita, los jueces y ministerios públicos han puesto precio a la aplicación de la ley, lo mismo que diputados y senadores.
No es para nadie desconocido que nuestros legisladores, no han estado nunca a la altura de lo que es un, representante popular; llegan a las Cámaras, por cualquier partido político, sin convicciones honestas, solo por el interés de un voluminoso salario y a aprobar leyes que, muchos de ellos en su ignorancia no saben ni que aprueban.
Se han convertido estas instituciones en verdaderos refugios de delincuentes, amparados y protegidos por el nefasto “fuero constitucional”; los “ciudadanos representados”, pasamos a un ínfimo puesto en sus mentes e intenciones; nos hablan de “bancadas” de un partido y de otro y, sus luchas intestinas rebasan en mucho a las acciones propias de la delincuencia.
Aquí reina la desunión y a todos por igual mantenemos; además, no es un secreto que, sus votos tienen precio; sabemos que en lo único que se ponen de acuerdo es en aumentar sus salarios, aguinaldos, prestaciones; mandaron al carajo el decreto presidencial de que nadie devengaría un salario mayor al del presidente. Eso nos habla mucho de lo que en realidad son la clase política que padecemos.
¿Podemos esperar los ciudadanos que, las reformas constitucionales que nos beneficien? iniciando con la ley electoral serán aprobadas por este tipo de diputados y senadores; desaparecer los 200 diputados plurinominales, así como reducir el número de 300 diputados electos por mayoría relativa.
¿Será posible que, el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), sea removido, iniciando con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien desde que se burló cínicamente del jefe de un grupo indígena, al exigir su derecho como ciudadanos mexicanos, ¿debería de haber sido fulminantemente revocado de ese puesto?
Más aún, será posible que, ante cualquier juicio, ¿se fijen fechas de dictámenes de jueces y magistrados, que no rebasen los dos años?
Tanto por hacer, mucho por esperar, si los ciudadanos no nos decidimos a asumir el papel que nos corresponde de, defender a nuestra Nación, porque aquí nacimos y también es nuestra.