Acusan a Alejandro Moreno de malversación por más de 59 mdp

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Ciudad de México.- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, es acusado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la contratación de empresas fantasmas, cuando fue gobernador de Campeche, para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos, de acuerdo con información de la revista Forbes México.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI.

“Tengo conocimiento (de) que, durante el periodo de gobierno, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Christian Mishel Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez realizaron varias operaciones simuladas, desvíos de recursos, entre otros actos por encima de la ley, defraudando al gobierno de Campeche y a la Hacienda Pública Federal”, aseveró Teresita Cervantes Pérez en la denuncia presentada ante la Administración de Fiscalización Estratégica del SAT.

La denunciante, quien radica en la Ciudad de México, aseguró que Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello –candidato a gobernador en Campeche–, América del Carmen Azar Pérez y las empresas fantasmas celebraron en 2017, 2018 y 2019 operaciones que probablemente constituyen hechos violatorios de las disposiciones fiscales vigentes y constitutivos del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.

El 16 de septiembre de 2015, recordó Forbes, Moreno Cárdenas –conocido como Alito– inició su periodo como gobernador en Campeche, el cual concluyó el 13 de junio de 2019. Durante su mandato, América del Carmen Azar Pérez fue secretaria de Finanzas en el estado, y Christian Castro Bello –su sobrino– ocupó diversos cargos en la entidad. Este último ahora es candidato a gobernador por la alianza PRI-PAN-PRD en aquel estado.

Christian Castro Bello nació el 14 de febrero de 1988 y es hijo de Patricia Bello Cárdenas, prima hermana de Alejandro Moreno. En 2019 fue titular de la Secretaría de Desarrollo de aquella entidad.

Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez suscribieron contratos con diversas empresas de distintos giros, las cuales se encuentran incluidas en la “lista negra” contemplada en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal, de acuerdo con la denuncia citada por Forbes México.

Según Teresita Cervantes Pérez, dichas compañías emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Los mencionados contribuyentes se encuentran no localizados, por lo que comúnmente son utilizados por servidores públicos con la finalidad de desviar recursos públicos, de acuerdo con Cervantes Pérez.

La abogada afirmó que resulta “evidente” que Alejandro Moreno Cárdenas, Christian Castro Bello y América del Carmen Azar Pérez llevaron a cabo, junto con otros funcionarios, operaciones para la adquisición, arrendamiento, servicios y obra pública por 59 millones de pesos con empresas fantasmas y señaladas en la “lista negra” del SAT.

“Ello generó un beneficio económico a los mismos, en perjuicio de los habitantes del estado de Campeche y del fisco federal por la presunta adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, expuso.

La denuncia presentada ante el SAT explica que el presidente del PRI y el candidato a gobernador por la alianza PRI-PAN-PRD en Campeche contrataron a empresas como Comercializadora de Prisma, Comercializadora Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba y Corporativo Eximio.

También con Distribuidora y Comercializadora Frisia, Everomex Solutions, Inveryuc y Maquila Textil del Sur, entre otras.

En Campeche se han registrado otros señalamientos por supuestas operaciones fraudulentas cometidas por diversos grupos políticos. Representantes de Morena afirmaron en días recientes que el ayuntamiento de Campeche, dirigido por Eliseo Fernández Montúfar –hoy candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado– hizo que al menos cinco empresas fantasmas le facturaran más de 32 millones de pesos.

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