Observando
La misma cobija: Negar las crisis no garantiza los derechos
Guadalajara, Jalisco. Hay una similitud preocupante entre Claudia Sheinbaum, presidente de México y Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, frente a dos problemas que lastiman la vida cotidiana de millones de personas: la crisis del sistema de salud y la del agua. Cuando desde el poder se minimizan las dificultades o se insiste en que no existe una crisis, se abre una brecha cada vez más profunda entre el discurso oficial y la realidad que vive la ciudadanía.
Al final, pareciera que, más allá de las siglas partidistas, los gobiernos se cubren con la misma cobija y estiran la orilla para ver quién resulta menos afectado por el costo político. Sin embargo, las enfermedades, la falta de atención médica y el agua de mala calidad no entienden de colores partidistas. Sus consecuencias recaen sobre las familias, particularmente sobre quienes tienen menos recursos para defender su salud y su dignidad.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la crisis del agua y las deficiencias en los servicios de salud están vinculadas por una responsabilidad fundamental del Estado: garantizar condiciones que permitan a las personas vivir con dignidad. El derecho a la protección de la salud y el derecho humano al agua no son concesiones gubernamentales ni promesas de campaña; son obligaciones que deben traducirse en políticas públicas eficaces, servicios accesibles, información transparente y rendición de cuentas.
Morena, desde el ámbito federal, y Movimiento Ciudadano, en Jalisco, enfrentan el desafío de responder a las necesidades de la población con resultados verificables, no solamente con declaraciones. Las denuncias ciudadanas y las exigencias sociales obligan a preguntar que se está haciendo, que falta por resolver y quién debe rendir cuentas. La corrupción y la impunidad, cuando existen y no se investigan ni sancionan, debilitan la confianza pública y obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos.
Mientras tanto, una oposición sin propuestas claras, sin visión de largo plazo y sin una agenda convincente de transformación corre el riesgo de quedar atrapada en la crítica partidista, sin ofrecer alternativas reales para la sociedad.
Pero el país no se agota en sus gobiernos ni en sus partidos. Hay una ciudadanía que observa, cuestiona, se organiza y comienza a exigir respuestas más allá de las lealtades políticas. Personas que no quieren cambiar de discurso para seguir padeciendo los mismos problemas; quieren soluciones, instituciones responsables y derechos garantizados.
Los tiempos apuntan a que la ciudadanía libre, crítica y no cautiva de los partidismos tendrá un papel decisivo en la transformación del país. No porque pueda resolverlo todo por sí sola, sino porque ninguna democracia se fortalece cuando la sociedad renuncia a exigir, vigilar y participar.
La salud y el agua son demasiado importantes para reducirlas a disputas de propaganda. El tiempo dirá qué prevalece: los intereses del poder o la justicia social que la nación reclama.
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