Observando
Cuando las estudiantes alzan la voz, la Universidad debe escuchar
Guadalajara, Jalisco.- Dos comunidades estudiantiles, dos momentos distintos y una misma pregunta que no debería quedar sin respuesta: ¿qué ocurre cuando los estudiantes sienten que sus voces no están siendo suficientemente escuchadas por la institución educativa?
En la Preparatoria 16 de la Universidad de Guadalajara, estudiantes, madres y padres de familia y exalumnos se manifestaron para exigir atención ante señalamientos de presunto acoso sexual. La protesta busca respuestas de las autoridades universitarias y de la representación estudiantil.
Es importante decirlo con claridad: un señalamiento no es una sentencia. Toda persona denunciada tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Pero exactamente con la misma claridad debe afirmarse lo siguiente: una denuncia tampoco debe ser ignorada, minimizada ni quedar atrapada en el silencio institucional.
Este caso ocurre después de que también se hicieron públicos señalamientos en torno a la comunidad estudiantil de la Preparatoria Regional de Santa Anita.
No corresponde comparar a las personas, anticipar responsabilidades ni establecer que los hechos sean iguales. Tampoco corresponde revictimizar a quienes han decidido hablar.
Lo que sí corresponde observar es algo más profundo: la respuesta institucional frente a las denuncias que involucran a estudiantes.
Cuando una joven, un joven o una familia decide acudir a una autoridad, deposita en ella algo más que una denuncia: deposita confianza.
Y esa confianza requiere procedimientos claros, investigación diligente, medidas de protección cuando sean necesarias, acompañamiento a las posibles víctimas, respeto al debido proceso y comunicación institucional responsable.
Porque proteger a quien denuncia no significa declarar culpable a quien ha sido señalado.
Investigar con seriedad no significa prejuzgar.
Y garantizar la presunción de inocencia no significa guardar silencio frente a una denuncia.
Ese equilibrio es precisamente el que una institución educativa comprometida con los derechos humanos debe saber construir.
También debe decirse que cualquier acto de violencia o daño ocurrido durante una manifestación debe investigarse y atenderse por las vías correspondientes. La protesta social es un derecho; la violencia contra personas o bienes no debe convertirse en la respuesta a una demanda legítima.
Hoy, más que alimentar confrontaciones, lo que se necesita es certeza institucional. Que la Universidad de Guadalajara informe que mecanismos están activados, que medidas de protección se han implementado cuando correspondan y cuál es el cauce de las investigaciones, siempre cuidando la privacidad y dignidad de las personas involucradas.
Las escuelas deben ser espacios donde aprender no implique miedo.
Y las instituciones deben ser espacios donde denunciar no signifique quedar sola o solo frente al silencio.
No se trata de condenar anticipadamente.
Se trata de exigir algo mucho más elemental: que toda denuncia sea escuchada, investigada y atendida conforme a derecho.
Porque la dignidad también se defiende en las aulas.
Y cuando las estudiantes alzan la voz, la Universidad debe escuchar.
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