Derechos de las audiencias: proteger sin convertir al Estado en árbitro de la verdad
Guadalajara, Jalisco.— Proteger los derechos de las audiencias es una obligación democrática. Las personas tenemos derecho a recibir información plural, accesible y diversa, así como a contar con mecanismos para reclamar cuando esos derechos son vulnerados.
El problema comienza cuando, bajo el argumento de proteger a las audiencias, una autoridad puede terminar decidiendo qué es verdad, qué es opinión o qué información está suficientemente contextualizada.
La propuesta de nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abre precisamente ese debate. No se trata de afirmar que México esté frente a algo completamente inédito en materia de regulación de audiencias —ya existen antecedentes normativos—, sino de reconocer que el alcance que pueden adquirir estas nuevas disposiciones merece una discusión pública seria.
ARTICLE 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C. han advertido que los derechos de las audiencias no deben enfrentarse a la libertad de expresión, porque forman parte de ella: una sociedad democrática necesita tanto el derecho a comunicar como el derecho de las personas a recibir información.
Y aquí está el punto que no podemos perder de vista: La audiencia necesita protección, pero también necesita libertad para formar su propio criterio.
Garantizar accesibilidad, identificar publicidad, fortalecer las defensorías y establecer mecanismos efectivos de queja son medidas que deben conservarse y fortalecerse.
Pero cuando una autoridad administrativa adquiere facultades para valorar la veracidad, el contexto o la naturaleza de un contenido periodístico, la frontera entre regular para proteger y regular para controlar comienza a volverse preocupante.
Porque la libertad de expresión no se defiende únicamente cuando escuchamos aquello con lo que estamos de acuerdo. Se defiende, sobre todo, cuando existen voces
distintas, incómodas, críticas y plurales.
La democracia no necesita audiencias tuteladas por el poder. Necesita personas con herramientas para discernir, contrastar y construir su propio criterio. No necesitamos que el Estado piense por las audiencias.
Necesitamos que garantice las condiciones para que las audiencias puedan pensar libremente.
Ese debería ser el verdadero sentido de proteger nuestros derechos. Y quizá ahí se encuentra la pregunta que debemos hacernos como sociedad: ¿queremos un Estado que proteja nuestra capacidad de decidir o uno que termine decidiendo por nosotros qué debemos creer?
La protección de las audiencias debe servir para ampliar derechos, no para estrechar la libertad.
Porque una audiencia verdaderamente protegida no es aquella a la que el poder le dice qué pensar, sino aquella que tiene la libertad y las herramientas para pensar por sí
misma.
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