Observando
Paridad en Jalisco. Dilación puede afectar el principio de certeza sobre la competencia electoral para las mujeres.
Guadalajara, Jalisco. Mediante rueda de prensa y boletín informativo, el pasado 4 de marzo, diversas organizaciones feministas convocaron a medios de comunicación para expresar su preocupación ante la incertidumbre jurídica que rodea los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género y la inclusión de grupos históricamente discriminados en el proceso electoral local 2026-2027”.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran Aúna México, Aúna Capítulo Jalisco, CLADEM Regional y CLADEM México, Paridad, Diakonia, Sverige, G10 por Jalisco, CIPIG, 100 por Jalisco, Incidir, Mujeres Líderes que Inspiran, Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C., así como colectivos de derechos humanos, especialistas en igualdad sustantiva, mujeres políticas y activistas de la sociedad civil.
“Los lineamientos en cuestión fueron aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) mediante el acuerdo IEPC-ACG-047/2025, emitido el 30 de junio de 2025, en el cual se establecen previsiones para garantizar la participación política de las mujeres en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes, así como en la integración del Poder Legislativo y de los ayuntamientos durante el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027 en el estado de Jalisco.”
“No obstante, la interposición de diversos medios de impugnación y la prolongada resolución por parte de la instancia jurisdiccional electoral local —primer eslabón de una cadena que podría escalar hasta las instancias federales— ha generado preocupación entre organizaciones promotoras de la paridad.”
“Advierten que esta dilación pone en riesgo el espíritu del propio precepto: garantizar certeza jurídica y condiciones oportunas para la participación de las mujeres en la contienda electoral. Asimismo, señalan que la demora puede debilitar la intención de tutela reforzada que busca que los partidos políticos adopten, sin excepción, métodos de selección interna acordes con las reglas de paridad.”
“Ante este escenario, el 19 de noviembre pasado las organizaciones feministas presentaron un Amicus Curiae ante el Tribunal Electoral del Estado. En dicho documento se desarrollan argumentos jurídicos frente a señalamientos sobre presuntas violaciones a principios constitucionales como la legalidad, igualdad, paridad, no discriminación, alternancia, reelección, imparcialidad y el derecho a votar y ser votado.”
El escrito también respalda “las disposiciones orientadas a garantizar la participación de grupos históricamente discriminados o en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y juventudes, tanto en la postulación de candidaturas como en la integración del Poder Legislativo y de los ayuntamientos.”
Las organizaciones reiteraron puntos fundamentales como:
a). “El deber constitucional de garantizar la igualdad sustantiva.
b). La implementación de municipios exclusivos para mujeres, medida constitucional y necesaria.”
En un contexto donde la democracia sigue construyéndose paso a paso, se recuerda que la paridad no es una concesión política, sino una conquista de derechos.
Garantizar reglas claras y oportunas no sólo fortalece los procesos electorales: también reafirma el compromiso con una democracia donde la igualdad deje de ser discurso y se convierta en realidad.
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