Observando
“Los derechos humanos comienzan en pequeños lugares, cerca de casa.”
Eleonor Roosevelt
Los derechos humanos convertidos en discurso
Guadalajara, Jalisco. En México, hablar de derechos humanos se ha convertido en un terreno incómodo y han pasado a formar parte del discurso gubernamental.
Hablar de los derechos humanos para algunas personas es sinónimo de confrontación política; para otras, un discurso que no logra traducirse en justicia cotidiana. Sin embargo, para un país marcado por la violencia, la desigualdad y la impunidad, los derechos humanos no deberían ser una consigna retórica, sino un compromiso constitucional con la dignidad y la paz social.
La Constitución mexicana es clara desde su primer artículo: todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales, y todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos bajo el principio pro persona. Este mandato no es simbólico; implica que el Estado debe aplicar la norma más amplia y la interpretación
más favorable a la persona cuando sus derechos han sido vulnerados. Cuando este principio se incumple, el derecho se fragmenta y la justicia se deshumaniza.
México enfrenta una contradicción estructural. Se reconoce constitucionalmente la dignidad humana, pero se normaliza la violencia; se legisla en favor de derechos, mientras persisten condiciones de pobreza extrema; se prometen libertades, mientras miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas. Esta distancia entre la norma constitucional y la realidad cotidiana revela que los derechos humanos no pueden limitarse a su reconocimiento formal: deben convertirse en valores efectivos que orienten la acción pública.
El derecho a la vida y a la integridad personal, protegidos de manera transversal por la Constitución —a través de garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso— se encuentran amenazados por la violencia criminal, la corrupción y la debilidad institucional. La incapacidad para garantizar condiciones mínimas de seguridad vulnera no solo derechos individuales, sino el propio pacto constitucional.
Cuando los derechos humanos se utilizan como instrumento político o se aplican de manera desigual, dejan de ser un mecanismo de cohesión social y se convierten en un factor de división. La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, y que la justicia debe ser imparcial. Una justicia que excluye o discrimina pierde legitimidad; una ley que no protege a los sectores más vulnerables debilita el Estado de derecho.
La defensa de los derechos humanos debería asumirse como una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad, por encima de intereses partidistas y coyunturas electorales. El bien común, principio implícito en todo el orden constitucional, no puede subordinarse a cálculos políticos ni a narrativas temporales.
Defender los derechos humanos hoy no es una postura ideológica: es una exigencia constitucional impostergable frente a la realidad que vive el país.
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