Observando
Violencia política contra las mujeres: la deuda pendiente de la democracia mexicana.
Guadalajara, Jalisco. En México, participar en política siendo mujer puede convertirse en un acto de resistencia. Aunque las leyes han avanzado, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) sigue siendo una realidad silenciada, normalizada e incluso invisibilizada por las propias estructuras partidistas.
En los procesos electorales pasados se registraron denuncias por violencia política de género, desde amenazas y difamaciones hasta agresiones físicas. Estos números, aunque alarmantes, representan apenas la superficie de un fenómeno mucho más amplio: el de una cultura política que todavía castiga a las mujeres que deciden ocupar espacios de poder.
Es común escuchar de las mujeres en el ámbito político “me dijeron que no era mi lugar, que mejor buscara una candidatura de suplente. Cuando insistí, comenzaron las campañas de desprestigio en redes sociales y las amenazas anónimas”, es así que lejos de encontrar en la política un espacio de representación democrática, se enfrentan las mujeres a mecanismos de exclusión disfrazados de procedimientos internos.
La violencia política contra las mujeres no siempre es visible. A veces se ejerce en los micrófonos con comentarios sexistas; otras, en el silencio de las asambleas donde se les niega la palabra. También se manifiesta en la obstaculización del acceso a financiamiento, en la simulación de paridad con “candidaturas juanitas” o en la imposición de renuncias forzadas para ceder espacios a hombres.
A pesar de que la reforma en materia de paridad de 2019 y la Ley General en Materia de Delitos Electorales establecen sanciones específicas, la realidad muestra un desfase entre el marco legal y la vida política cotidiana. La impunidad se convierte en un mensaje claro: denunciar cuesta más caro que callar.
Expertas en género coinciden en que la violencia política es un reflejo de la desigualdad estructural.
El reto es doble: garantizar protección efectiva a las candidatas, militantes y funcionarias, y transformar la cultura política que aún percibe a la mujer como “invitada” en lugar de protagonista. Iniciativas de acompañamiento ciudadano, observatorios feministas y redes de protección legal comienzan a abrir camino, pero requieren mayor respaldo institucional.
En un país donde la violencia se ha convertido en un lenguaje cotidiano, la violencia política contra las mujeres no debe ser una nota más en la estadística. Reconocerla, nombrarla y sancionarla es una obligación democrática.
La pregunta sigue en el aire: ¿Las personas están listas para una democracia paritaria real, donde la participación de las mujeres no sea un acto de valentía, sino un derecho pleno y garantizado?
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